La Contraloría General de la República presentó dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia, una por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, relacionadas al contrato con Panama Ports Company (PPC).
El contralor Anel Flores detalló que “la de inconstitucionalidad es sobre el contrato de PPC, y la de nulidad es exclusivamente sobre el tema de la prórroga que se dio a final del gobierno anterior, principalmente porque esa adenda que se dio no contó con el refrendo de la Contraloría como lo mandata la Ley de Puertos y la ley de esta Contraloría, ellos requerían un refrendo final de esa adenda y nunca se dio, por ello es una de las causales que estamos buscando la nulidad y la inconstitucionalidad».
