El Observatorio Paname\u00f1o de Lucha Contra la Violencia de G\u00e9nero (OPVG), adscrito a la Defensor\u00eda del Pueblo, expresa su profunda preocupaci\u00f3n por el femicidio registrado recientemente en Panam\u00e1 Oeste, que ha generado un justificado clamor social por justicia y una respuesta institucional efectiva.<\/p>\n\n\n\n
Tras publicaciones en medios de comunicaci\u00f3n y redes sociales, la Defensor\u00eda del Pueblo, en ejercicio de sus funciones constitucionales, recab\u00f3 informaci\u00f3n sobre el lamentable hecho, constatando que la v\u00edctima no recibi\u00f3 una atenci\u00f3n adecuada ni fue tomada la denuncia, cuando acudi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico de La Chorrera a presentar una denuncia por violencia dom\u00e9stica, a pesar de presentar lesiones f\u00edsicas visibles, lo que constituye una posible negligencia institucional con consecuencias irreparables.<\/p>\n\n\n\n
Desde el OPVG y la Defensor\u00eda del Pueblo, reiteramos que, en contextos de violencia de g\u00e9nero, cada minuto de atenci\u00f3n puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las instituciones deben responder con profesionalismo, empat\u00eda, sensibilidad, y sentido de urgencia. No podemos permitir que hechos como este se repitan por fallas institucionales.<\/p>\n\n\n\n
Es imperativo recordar, que el Estado paname\u00f1o tiene el deber jur\u00eddico y moral de garantizar la vida e integridad de todas las personas, especialmente de aquellas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. En este sentido, es necesario recordar el marco legal nacional e internacional que ampara a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero: La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, en su art\u00edculo 17, establece que \u201clas autoridades est\u00e1n instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales\u201d. As\u00ed como tambi\u00e9n en su art\u00edculo 41 garantiza que \u201ctoda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores p\u00fablicos\u201d, quienes est\u00e1n obligados a recibirlas y darles el tr\u00e1mite correspondiente.<\/p>\n\n\n\n
La Ley 82 de 2013, adopta medidas de prevenci\u00f3n contra la violencia hacia las mujeres y tipifica el femicidio, establece en su art\u00edculo 13 que \u201ctoda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia\u201d, as\u00ed como sus dem\u00e1s art\u00edculos concordantes sobre el deber de las autoridades competentes en casos de violencia hacia las mujeres.<\/p>\n\n\n\n
En el plano internacional, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, ratificada por Panam\u00e1 en 1981, establece en sus art\u00edculos 7 y 8 la obligaci\u00f3n de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, as\u00ed como garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protecci\u00f3n y justicia.<\/p>\n\n\n\n
Frente a estos mandatos, la atenci\u00f3n inadecuada o la omisi\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos en casos de violencia contra la mujer constituye no solo una falta administrativa, sino una violaci\u00f3n directa a los derechos humanos, y debe ser objeto de una investigaci\u00f3n rigurosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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